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“The Economist” y “las vicisitudes de mantener unido un país”

Traducción del artículo “Las vicisitudes de mantener unido un país” de “The Economist” en su edición del 24 – 30/2012

http://www.economist.com/news/briefing/21567085-stabilising-spains-finances-without-tearing-its-social-fabric-apart-being-made-harder

Una nueva ola de secesionismo en Cataluña complica la tarea de estabilizar la situación económica del país sin desgarrar su tejido social

El 11 de septiembre de 1714 al final de la guerra de sucesión española la victoriosa dinastía borbónica suprimió las instituciones medievales de autogobierno de Cataluña. Una vez restaurada la autonomía política en 1978 el gobierno de Cataluña, la Generalitat, escogió la fecha de esa derrota del siglo XVIII para celebrar su día nacional. Este año el día fue celebrado con una gigantesca manifestación en la que se reclamaba la independencia de Cataluña. La sorprendente cantidad de gente que acudió a la manifestación – 1,5 millones de una población total de 7,5 millones, según los nacionalistas; solamente 600.000 personas según sus adversarios- alteró profundamente la vida política española.

Envalentonado por la multitud, Artur Mas, presidente de la Generalitat desde 2010, convocó elecciones para el 25 de Noviembre, dos años antes de lo esperado. El Sr. Mas estaría buscando un mandato que le legitime para convertir a Cataluña en “un Estado dentro de Europa” y ejercer el derecho a decidir su propio estatus. En Barcelona, tradicionalmente una ciudad más socialista que nacionalista, muchos balcones lucen la bandera catalana de franjas amarillas y rojas, con el añadido  a menudo  de una estrella blanca que simboliza la aspiración a un Estado independiente. En los mítines de campaña, el Sr. Mas se muestra en plan Moisés prometiendo a su rebaño la tierra prometida.

Esto supone un vuelco que no convence del todo en un hombre cuyas formas habituales son las de un economista cauto y más bien gris. En sus discursos electorales, el Sr. Mas, líder del partido Convergencia y Unión, evita utilizar la palabra “independencia”. Algunos asesores apuntan a que esto servirá de ayuda a la hora de conseguir un mejor arreglo con España.

Lo alto de las pretensiones podría deberse , por lo tanto, a una posición negociadora. También podría ser una treta para que la popularidad de Mas gane enteros, dados los recortes con los que éste respondió a la crisis económica española, la misma crisis que está impulsando la ola de nacionalismo catalán sobre la que el Sr. Mas quiere surfear. Los últimos cuatro años han sido los de la peor recesión en España desde los años 50. El paro alcanza el 25% según las estadísticas oficiales. El entusiasmo que despierta la independencia catalana podría ser simplemente la manifestación más dramática del descontento ante la vertiginosa caída del país de la categoría de nuevo rico a la de nuevo pobre entre los países europeos. De acuerdo a Josep Ramoneda, un filósofo de Barcelona,  contribuyendo a la ilusión de que “podemos pensar por nosotros mismos” allí donde los demás sólo hablan de recortes y riesgos, Mas estaría aportando “el único proyecto político algo inspirador.”

Un síntoma entre muchos

Existen otras expresiones de descontento. El 14 de noviembre se produjo la segunda huelga general en este año. Entre los manifestantes en el Paseo del Prado madrileño había ahorradores enfurecidos que se sienten engañados por sus gestores bancarios al haberles llevado éstos a comprar acciones preferentes cuyo valor ahora es poco menos que ninguno. Manifestantes pitando silbatos rociaban de spray oficinas bancarias en Madrid en protesta por los desahucios de gente en paro incapaz de pagar la hipoteca.

Pero la cuestión catalana es la más peliaguda para Mariano Rajoy, el primer ministro español, y para su partido, el conservador Partido Popular. A diferencia de otras protestas las de Cataluña cuestionan la integridad territorial de España y, por lo tanto, el futuro de la cuarta economía más grande de la Eurozona. Además el modo en que la política que atañe a las autonomías regionales se ha materializado desde 1978 ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la crisis. Si un cambio radical en lo que concierne a los arreglos entre Madrid y las regiones sería ya difícil en tiempos más propicios, qué cabe decir en estos tiempos que son los peores.

Si uno se sienta a compartir unas tapas acompañadas de vino del Priorato con un grupo de nacionalistas catalanes no tarda  en ser obsequiado con una mezcla de resentimiento, sueños frustrados y uno o dos argumentos racionales. Cataluña no ha sido un país independiente desde el siglo XII, siglo en que su reino se unió al de Aragón y éste a su vez al de Castilla en 1469. Luego vino la derrota en la Guerra de Sucesión Española, en la que Cataluña apoyó al perdedor.

La Segunda República de los años 30 trajo la autonomía política a Cataluña y al País Vasco. La victoria de Franco en la guerra civil entre 1936 – 1939 supuso su pérdida y la prohibición del uso público de sus lenguas. La constitución democrática del 78 trajo de nuevo la autonomía política dividiendo a España en 17 “comunidades” autónomas. En 2007 estas autonomías representaban un 38% del gasto público; dejando aparte las pensiones y el subsidio de desempleo los gastos del gobierno central suponen sólo el 18%.

El 91% de los catalanes apoyó la constitución en el referéndum de 1978. En el poder de la Generalitat durante casi los 23 años siguientes los nacionalistas de CIU hicieron del catalán la lengua oficial en las escuelas y en la administración. El partido socialista, cansado de tantos años de oposición, decidió aliarse con pequeños partidos independentistas para llegar al poder en el 2003. Pasqual Maragall, el líder socialista, se puso a exigir de un modo oportunista un nuevo estatuto de autonomía en el que se reconocía a Cataluña como  nación  antes que como región o comunidad y en el que se le aseguraba más dinero y poder. El primer ministro socialista español, Jose Luis Rodriguez Zapatero, en una jugada frívola característica, endosó este estatuto a Las Cortes- el parlamento español- pasando por encima de las objeciones del Partido Popular- para que, al cabo, el tribunal constitucional español se encargara de suprimir algunas de sus disposiciones más importantes. El asunto no hizo sino agudizar el sentimiento de agravio nacionalista- y en otras partes de España la consideración de los catalanes como quejicas que sólo van a los suyo.

La histeria de Mas

Entretanto la generación que creció hablando catalán y aprendiendo historia de los manuales de la Generalitat ha llegado a la mayoría de edad política. Muchos de sus padres eran emigrantes de otras partes de España o mantenían vínculos con ellas ligados a recuerdos de la guerra civil. Para los jóvenes estos vínculos históricos tienen menos importancia. “Para mí romper con España tiene un coste emocional” dice Antoni Castells, quien fue consejero económico del gobierno de Pasqual Maragall. “Para mi hijo no lo tiene. El únicamente se pregunta por qué tenemos que seguir unidos a gente que nos insulta y que no nos soporta”

Luego está el asunto del dinero. La Generalitat se queja de que transfiere entre el 6,5% y el 8,5% del producto interior bruto de Cataluña al resto de España, y que Madrid asigna las inversiones públicas en función de sus propias prioridades. Cataluña quiere poder recaudar sus propios impuestos y tener control sobre cómo se gastan.

Los adversarios de CIU esgrimen que se está lavando el cerebro a una generación de alumnos utilizando los costosos canales de televisión catalanes para impulsar el apoyo a la independencia y que se está comprando voluntades mediante subsidios y patronazgo en cada institución social de relevancia. Francisco Moreno, un editor de Barcelona, compara el dominio de la Generalitat sobre los medios de comunicación con el de Hugo Chávez en Venezuela.

Al Sr. Mas también se le acusa de aventurero al querer hacer creer que Cataluña puede declarar unilateralmente su independencia en la Unión Europea. Según varias opiniones de la Comisión Europea , una Cataluña independiente no pasaría automáticamente a ser miembro de la UE, teniendo España que aprobar su (re)admisión. Empresarios de Barcelona, particularmente los dueños de compañías grandes, están asustados: José Manuel Lara de Planeta- la mayor editorial española- ha amenazado con trasladar su sede si el Sr. Mas declara la independencia.

Pero ese “si” no es baladí. Según algunas encuestas el plan del Sr. Mas para ganar en popularidad patriótica no estaría dando resultados. Lo más probable es que CIU consiga el 25 de noviembre alrededor del 37% del voto (un poco menos que en 2010) no alcanzando la mayoría absoluta en el parlamento catalán. A pesar de ello, alrededor de un 75% de los miembros del nuevo parlamento estarán por votar a favor de la celebración de un referéndum sobre el estatus de Cataluña.

Según Andreu Mas- Colell, el consejero económico del Sr. Mas y especialista en teoría de juegos, la propuesta de referéndum supone cruzar el Rubicón. Cataluña no puede celebrar la votación unilateralmente. La constitución asigna tales poderes a Las Cortes, que a buen seguro no le bailarán el agua al Sr. Mas. Si los catalanes reclaman legítimamente (a sus propios ojos, al menos) una votación, la negativa de Las Cortes a que la celebren será contemplada como un enorme agravio hasta que otras Cortes cambien de opinión. Pero el Sr. Mas- Colell añade que la actitud de Madrid y cualquier oferta que de ahí provenga será tomada en consideración.

Visto desde Madrid, a 691 kms de Barcelona pero a sólo dos horas y media si se toma el tren de alta velocidad, la táctica del Sr. Mas es vista como una enojosa distracción de la dura tarea de bregar con la resaca que ha dejado la brutal  burbuja inmobiliaria que tuvo lugar desde principios hasta mediados de los años 2000. Dicha burbuja produjo alzas inesperadas en los ingresos, factor que unido a la disponibilidad de crédito barato  después de que España accediera al Euro, dotó a todos los diferentes niveles de gobierno de recursos capaces de hacer realidad sus sueños. El Sr. Zapatero invirtió esta lluvia de dinero en los relucientes trenes de alta velocidad y en la fuerte subvención a la industria de los paneles solares así como en compromisos permanentes en lo que se refiere a mayores pensiones, beneficios sociales y transferencias a las regiones.

A lo largo de estos 30 años las regiones se han convertido en feudos de los partidos colocando a cerca de 300.000 empleados políticamente fieles. Incluso después de la transferencia de las competencias de sanidad y educación en 2006  los gobiernos regionales crearon 500.000 empleos nuevos, según Francisco Longo, politólogo en ESADE, una escuela de negocios.

Farsa centrífuga

Las maquinarias de los partidos a nivel local tomaron el control de las cajas, bancos de ahorro locales. Les empujaron a prestar a promotores, llevándose en muchos casos una tajada para las arcas del partido. Las cajas soltaron buena parte del dinero para montar el tinglado de megaproyectos que ha asolado el paisaje y las finanzas españolas: aeropuertos sin vuelos, centros culturales sin cultura, 700.000 pisos sin moradores, a menudo en el lado menos atractivo de las carreteras hacia la costa. “Las autonomías regionales trajeron una forma perversa de emulación por la que cada gobierno buscaba construir aquello que su vecino había construido”, comenta Antonio Muñoz Molina, un escritor que fue  funcionario municipal en Granada. Pavoneándose con su recién estrenada autonomía, los políticos locales se cargaron los controles oficiales por los que antes pasaban los proyectos para ser evaluados.

El Sr. Zapatero evitó reconocer que España estaba viviendo por encima de sus posibilidades hasta que la presión de Bruselas le obligó a cambiar el rumbo en Mayo de 2010. Cuando hace un año el Sr. Rajoy tomó posesión de su cargo con una mayoría en Las Cortes y el control de la mayor parte de los gobiernos regionales, había muchas expectativas de que enseguida haría algo para reparar el deteriorado sistema financiero, impulsar reformas estructurales largo tiempo evitadas para hacer más competitiva la economía española y disminuir el enorme déficit fiscal.

Las expectativas no tardaron en verse defraudadas. Registrador de la propiedad de profesión, el Sr. Rajoy es el perfecto funcionario, honesto y tenaz. Nadie le puede acusar de trasladar una visión audaz de las cosas. Su primer error fue repartir la política económica entre dos ministerios y tres personas. El segundo retrasar la aprobación de los presupuestos de 2012 a la espera de una victoria en Marzo de este año  en las elecciones locales de Andalucía, un bastión socialista. El PP ni ganó las elecciones ni pudo evitar el retraso de seis meses que eso le supuso.

Con todo, el Sr. Rajoy ha conseguido más de lo que  suele atribuírsele. El sistema bancario está, por fin, en vías de ser reparado. El gobierno acabó nacionalizando cuatro bancos insolventes, incluyendo Bankia, uno de los grandes. Luis de Guindos, el ministro de economía, promulgó dos decretos obligando a los bancos solventes-que incluye a los tres grandes: Santander, BBVA y La Caixa- a que aumentaran su capital al 10%  de sus activos de riesgo así como a que incrementaran las provisiones contra préstamos fallidos.

Striptease y valores familiares

En lo que  Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, llama “un striptease bancario no hecho nunca antes por nadie” el gobierno invitó a consultores internacionales, a la comisión europea y al FMI a revisar los libros contables del sistema financiero. A cambio a España se le concedieron  hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar los bancos nacionalizados (aunque insiste en que sólo necesita 40.000 millones). En Diciembre los bancos comenzarán a arrojar con  descuentos de hasta un 63% sus inservibles activos inmobiliarios a un “banco malo” montado por el Banco de España.

Aún quedan dudas por despejar respecto a los bancos. Todavía queda por nacionalizar media docena de ellos de mediano tamaño. Se les podría obligar a que indemnicen a la gente que les compró acciones preferentes que hoy valen poco menos que nada. A pesar de ello, según Angel Laborda de Funcas, un think-tank, a lo largo del próximo año irá haciendo su aparición un sistema financiero más sano y con menos miembros.

Mientras el gobierno ha estado poniendo orden en los bancos, la economía española ha sufrido un abrasador ajuste. Desde 2009 el sector privado ha perdido entre 1,5 y 2 millones de puestos de trabajo, asegura el Sr. Montoro. En Julio el balance por cuenta corriente registró un excedente debido en parte a que las exportaciones aumentaron de forma impresionante, pero sobre todo debido a que las importaciones se han desplomado. Una reforma laboral radical ha abaratado el despido y permite a las empresas saltarse a los sindicatos y llegar a arreglos directos con el personal.

El colapso sufrido por los ingresos fiscales que se obtenían gracias a la burbuja inmobiliaria dejó a España con un déficit estructural de un 6% del PIB, según Fernando Fernández del Instituto de Empresa, una escuela de negocios de Madrid. El gobierno subió el IVA y el IRPF y recortó los salarios del sector público. De acuerdo al presupuesto el gobierno controlará de forma draconiana los gastos de los gobiernos regionales, quiénes, dado el lamentable estado de sus finanzas, no pueden acudir a los mercados para financiarse. En el sector público trabajan alrededor de 230.000 personas menos que en 2008, afirma César Cantalapiedra de Afi, una consultora madrileña.

Si los cambios prosiguen al mismo ritmo España estará en dos años próxima a un superávit fiscal (antes del pago de intereses). La mayor duda se refiere a si los inversores financiarán al gobierno a un interés asumible. Desde mediados del 2010 unos 350.000 millones de dólares han salido de España  por el miedo de los inversores a una ruptura del Euro. Desde Julio, cuando el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi declaró que “haría todo lo necesario para salvar el Euro”, el ritmo de estas salidas ha disminuido, pero el flujo está lejos de detenerse.

Dicho todo esto, el gobierno necesita, según Afi, emitir 270.000 millones de euros en deuda para cubrir bonos que están por vencer así como para cubrir el déficit. No puede permitirse pagar un tipo de interés que esté muy por encima de los 200 puntos básicos respecto al bono alemán, que es la prima  que el FMI estima refleja los riesgos inherentes a la economía española. Mantener los tipos a la baja requiere un acuerdo formal entre España y el BCE según el cual el banco intervendría en los mercados cada vez que aumente la prima.

El Sr. Rajoy camina de puntillas en dirección a este acuerdo. Un obstáculo importante que se le interponía fue eliminado cuando Olli Rehn, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, admitió que España estaba haciendo el esfuerzo fiscal suficiente y no había necesidad por el momento momento de dar más pasos. Conocedores del tema aseguran que el único obstáculo que queda por salvar es asegurarse el acuerdo con Angela Merkel de Alemania.

El Sr. Rajoy promete que a partir del 2014 España experimentará de nuevo crecimiento económico. Podrán los españoles aguantar hasta entonces? Hasta la fecha, a pesar de las huelgas generales, en España no se han registrado disturbios callejeros a la griega ni tampoco han aflorado extremismos políticos. Esto se debe a la existencia de un Estado del Bienestar del que España nunca antes había disfrutado a tal escala y de un sector informal que hace que las cifras de paro oficial estén sobredimensionadas (aunque esto implique al mismo tiempo una fuerte pérdida de ingresos). Las redes familiares ayudan a los parados a sobrevivir, aunque sea a duras penas- unos 300.000 hogares sin empleo, de acuerdo a la Fundación Social La Caixa, dependen de la pensión de los abuelos. También es verdad que  mientras algunos españoles se manifiestan contra los banqueros y los políticos, a muchos otros no les cuesta reconocer que la sociedad en su conjunto participó en la creación de la burbuja.

Tapando grietas con papel federal

Si por un lado todo esto contribuye a que España se mantenga unida, la cuestión catalana amenaza con descomponerla por otro. Ambos problemas están sin embargo ligados. La crítica más fuerte a la gestión del Sr. Rajoy es que está dedicándose a recortar más que a reformar un sector público de múltiples niveles. Muchos españoles creen que se necesita un cambio mucho más profundo- y que esto podría ser una forma de tranquilizar a Cataluña.

El Sr. Rajoy estableció hace poco una comisión para reformar todos los niveles de gobierno. Los socialistas desde la oposición- lejos de los reformistas del gobierno- proponen algo más fundamental: un arreglo federal por el que las regiones tendrían poder recaudatorio y formarían la cámara alta del parlamento. Esto no  quieren ni oírlo en el PP. Para Charles Powell, un historiador en la universidad madrileña San Pablo-CEU, el Sr. Rajoy tendría que convocar una comisión especial de Las Cortes que contemple una reforma más amplia de la constitución que, sin excluir un hipotético federalismo, serviría para acometer una segunda versión de las “autonomías regionales”

Según Jaime Pérez Renovales, presidente de la comisión reformadora del gobierno del Sr. Rajoy, el problema de un proceso constitucional estriba en que “se sabe dónde comienza pero no dónde acaba”. Con todo, concede que hay espacio para llegar a un acuerdo con Cataluña: “Creo que estamos condenados a entendernos”. Un catalán que trabajó como funcionario en Madrid prevé “una negociación larga y sucia”

El país se encuentra frágil y sus amortiguadores parecen gastados. La tasa de ahorro está cayendo al estar la gente tirando de sus reservas. Al líder de los socialistas en la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, le preocupa que prevalezca un estado de ánimo “antipolítico” pues, dice, “el pesimismo resignado puede transformarse en ira en una tarde”. La manifestación del 11 de septiembre mostró el poder, aunque sólo sea el de su resentimiento, del nacionalismo catalán. Será la prueba más dura para el Sr. Rajoy.

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